Democracia Participativa y Descentralización en Colombia .

La Constitución actual se ha llamado el “estatuto de la paz y la participación ciudadana” porque reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y la participación como componente esencial del Estado que debe contribuir a garantizar la justicia social.

La participación se debe hacer en todos los ámbitos de la vida y extenderse a toda la vida social, generando actitudes de solidaridad y respeto a la diferencia; ésta está ligada a la  democracia, como forma de regulación social.

Participar es una decisión individual que implica sentido de pertenencia y se expresa como ejercicio colectivo que trasciende los actos individuales.

El no participar puede ser una opción, presión de los partidos políticos que recurren a dar regalos, dinero o invitar a fiestas a quienes los apoyen o presión de los actores armados al margen de la ley para que las personas renuncien a sus derechos.

Democracia en el ámbito político es la manera como las personas regulan sus relaciones con las instituciones del Estado; la democracia permite elegir periódicamente a los gobernantes de una sociedad y seleccionar, entre las alternativas que se planteen, aquella que a juicio del elector es la más conveniente.

Se acepta el sistema democrático como aquel en el que la mayoría participa y decide, mientras la minoría debe someterse a dichas decisiones, eso era en la Constitución de 1886; en la actualidad, cada vez más, se acepta como el método, por excelencia, para la búsqueda de consensos.

Democracia, en lo social, hace referencia a la relación que se establece entre un sistema de gobierno y un tipo de sociedad donde todos tengan acceso a los medios necesarios para llevar una vida digna.

Entonces, la democracia se refiere tanto al número de personas con derecho a participar como a los distintos ámbitos en los que las personas pueden ejercer sus derechos.

Democracia Representativa y Democracia Participativa

La Constitución de 1886 se basó en la democracia representativa, es decir,  todas las decisiones eran tomadas por quienes estaban en el poder, elegidos por el voto popular y que representaban los dos (2) partidos políticos tradicionales.

La Constitución actual plantea que hay que combina la democracia representativa con la participativa.  Esta última fue creada para que todas las personas puedan intervenir directamente en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos públicos.  Se busca que las dos (2) formas de participación se complementen.

La participación es principio constitucional, la Constitución de 1991 tiene dentro de los principios fortalecer la democracia participativa, tanto en lo electoral, como en el proceso público, social.  El artículo 2º dice que la “participación democrática es un fin esencial del Estado” es decir, que se le asigna al Estado  la función de fomentar la participación en las decisiones que afectan el futuro.

La participación es derecho y deber, pues le permite al ciudadano mejorar su capacidad para ejercer el poder político en la sociedad y le da la posibilidad de crear asociaciones en defensa de sus intereses.  Se puede participar a través de la Acción de Tutela y Acción de Cumplimiento (desde el interés individual) o a través de las veedurías ciudadanas  y la iniciativa popular legislativa (desde el interés colectivo.

Como deber, la participación democrática se fundamenta en la obligación de los ciudadanos de participar en la vida cívica y política del Estado.

Actividad

• ¿Cuál es la diferencia entre los significados de democracia de la Constitución de 1886 y la actual?
• ¿Expone por qué la participación ciudadana es un derecho y un deber y qué ocurre cuando las personas no ejercen sus derechos ciudadanos?

Formas de Participación

La ley define formas de participación a través de las cuales los ciudadanos pueden presentar iniciativas legislativas; ser consultados en el proceso de toma de decisiones públicas y fiscalizar la gestión de los funcionarios del Estado.

Los ciudadanos colombianos pueden participar en los procesos democráticos del país a través de los siguientes mecanismos:

La iniciativa popular, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la participación administrativa, las veedurías ciudadanas y la revocatoria del mandato.
Consulta en qué consiste cada mecanismo

Descentralización para la Participación

La Constitución de 1886 tuvo un carácter centralista, heredado de la Colonia y ejercía un control férreo y autoritario del gobierno, de la economía y de la política.

Con la Constitución de 1991 se inició un proceso de descentralización del Estado, que en lo político es sinónimos de poder democrático, compartido y consensual; en lo administrativo significa que las funciones locales deben estar en manos del municipio y en lo económico se refiere a una mejor distribución de los dineros del Estado, considerando que cada entidad territorial administre sus recursos.

La descentralización política inició en Colombia antes de la Carta de 1991, con la elección popular de alcaldes (aprobada cinco años atrás), la organización de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y la participación de los usuarios en las empresas públicas locales.

La descentralización le trasladó nuevas funciones a los municipios, reorganizó los departamentos, eliminó entidades y les entregó a los gobiernos locales el manejo de la educación y la salud.  Igualmente, la descentralización favoreció la participación de las comunidades en temas como el cuidado de la salud y la conformación de Ligas de Usuarios, que fue reglamentado en el Decreto 1757 de 1994, que organizó las formas de participación social en la prestación de los servicios de salud.

La participación se proyectó a nuevos escenarios como los servicios públicos domiciliarios, la educación, la vivienda, la recreación, el deporte y el medio ambiente.  También la participación  en la planeación municipal,  el control de las autoridades públicas, la celebración de contratos públicos y el cumplimiento de las funciones administrativas.

Igualmente se destaca, la participación de las mujeres en la administración pública, de los jóvenes en los Consejos Locales de Juventud, y de los indígenas y afrocolombianos en el Congreso de la República y que deben ser consultados en la toma de decisiones del Estado, en especial cuando éstas afecten sus territorios o sus culturas.

En lo referente al  trabajo, se reconoce el derecho a la negociación colectiva, a la huelga, y en materia de participación política, se permite la intervención de partidos diferentes a los tradicionales: Liberal y Conservador.

Pero todavía se debe fortalecer la coordinación entre departamentos, municipios, distritos y la nación y más participación que favorezca el desarrollo de las comunidades y un mejor nivel de vida.