El grado de desarrollo de una sociedad corresponde al grado de participación de la comunidad en las decisiones que orientan y dirigen los procesos sociales públicos esenciales. Las personas nos organizamos para mejorar nuestra calidad de vida, que corresponde al grado de satisfacción de las aspiraciones vitales, materiales y espirituales de los miembros del grupo. Para tener satisfacción de necesidades se requiere tener acceso a un trabajo que proporcione los ingrese adecuados para lograr una vida digna, con condiciones adecuadas de alimentación, salud, vivienda, educación y demás servicios requeridos.
Vivir dignamente, también es gozar de condiciones de respeto, de paz, de seguridad, de libertad, de democracia y justicia, que permiten a cada persona y su familia el desarrollo de su propio proyecto de vida, en armonía con el proyecto de la colectividad.
Una sociedad organizada busca la cohesión e integración de sus miembros, pues las actividades comunitarias contribuyen a mejorar la comunicación y la cooperación entre los individuos, de esta manera se logra autogestión, creatividad y recursividad para la búsqueda de soluciones y mucho mejor si se cuenta con el apoyo básico del Estado, en quien se ha delegado la tarea de organizar y satisfacer las necesidades de los grupos sociales.
Participación y Clientelismo
En un principio, los recursos de la cooperación internacional se entregaban al Estado para que éste los invirtiera en proyectos de desarrollo social; pero, el manejo clientelista y la ausencia de políticas de inclusión social causaron malestar en muchos gobiernos extranjeros, que decidieron entregarle esos dineros a las organizaciones no gubernamentales (ONG), ya que éstas podrían garantizar un manejo transparente de los aportes y fortalecer nuevas formas de asociación y de organización social que buscaba mayor democracia por fuera de los partidos tradicionales.
Las ONG apoyaron proyectos relacionados con los Derechos Humanos, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres, comunidades indígenas y campesinas y los relacionados con nuevas formas de producción en comunidades necesitadas. Esto se realizó en el marco para el fortalecimiento de la democracia en sectores antes excluidos de los recursos gubernamentales, que fueron los impulsores y promotores de los cambios requeridos en su comunidad.
Otras ONG se crearon por dirigentes políticos para manejar los recursos del Estado y de desviar los dineros públicos provenientes de los auxilios parlamentarios hacia otros objetivos ajenos al propósito de servir a la sociedad.
Las empresas privadas también crearon sus propias ONG para adelantar actividades culturales, educativas y recreativas con lo que lograron exenciones tributarias.
En el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990- 1994) cobró fuerza el modelo neoliberal que dio paso a la apertura económica, a la reducción del Estado como una manera de reducir el déficit fiscal, y a la privatización de varias empresas estatales.
Así, se fueron creando ONG que realizaban funciones que antes realizaban las instituciones públicas como definir las políticas del Estado y vigilar su ejecución; de otro lado, la reducción del Estado se acompañó de un fuerte proceso de descentralización que les entregó a los departamentos, municipios y distritos el manejo administrativo y financiero de todos los servicios a cargo de la nación, como la salud y la educación, etc. Sin embargo, la corrupción sigue existiendo, tanto en el Estado como en las ONG y se le siguen pagando vacunas a los grupos armados para poder ejecutar proyectos.
Con el tiempo, los ONG sufrieron cambios en los procesos de gestión, lo que modificó la visión que se tenía de ellas. En un principio se consideraba que tenían un espíritu altruista y que orientaban sus acciones a mejorar la situación de grupos poblacionales específicos; luego se convirtieron en una fuente de empleo y de manejo de recursos mediante contratación con el Estado, que por entonces era el mayor empleador del país.
Actualmente, han surgido numerosas ONG creadas por líderes sociales, por desmovilizados de grupos armados y por organizaciones comunitarias para canalizar recursos del Estado en proyectos que los beneficien directamente. Otras quieren contribuir al desarrollo de políticas públicas, como los que trabajan en Derechos Humanos y la justicia comunitaria; algunos centros de educación superior han optado por crear ONG para obtener recursos públicos y pagar menos impuestos, como las “fundaciones universitarias”. Las ONG también congregan investigadores, intelectuales, universitarios o personas interesadas en proyectos de desarrollo para las comunidades.
Las ONG se les han llamado “paraestado” o tercer sector de la economía, pues cumplen muchas funciones que antes les correspondía al Estado y además se ocupan de la gestión y ejecución de presupuestos.
Es el Estado el que promueve la creación de ONG, ya que les exige a las comunidades tener esta estructura organizativa para manejar los recursos públicos; pero las necesidades de las comunidades no desaparecen, por lo que debe contratar con entidades sin ánimo de lucro, ya sea fundaciones, corporaciones, asociaciones, o cooperativas o empresas sociales del Estado, para responder a su labor social a través de intermediarios entre las cuales están también las empresas del Estado, que completan su presupuesto por medio de los contratos que logran adjudicarse.
En otras ocasiones, son las entidades internacionales, como la Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID) de Estados Unidos, a través de la cual se están manejando los recursos del Plan Colombia, las que retiran los dineros que han entregado el Estado por malos manejos o por dificultades en la ejecución de proyectos, y se los entregan a las ONG que han demostrado eficacia en su gestión.
Participación y Modernización del Estado
Dentro de la lógica de modernización y reducción del Estado, la participación de la sociedad civil es indispensable para definir las relaciones entre gobernantes y gobernados para equilibrar las fuerzas del poder, la sociedad civil y el Estado y adquiera trascendencia el ejercicio de la democracia.
En Colombia, en 1991, la sociedad civil irrumpió en la política a través del movimiento constituyente y desde ese momento ha tenido papeles estratégicos dentro del movimiento por la paz, a través de instituciones como la Iglesia Católica, las ONG de paz y Derechos Humanos, el sector privado y la intelectualidad.
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